La promoción y garantía de los derechos humanos, la atención a las personas con discapacidad y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de las legislaciones y políticas sociales de los países desarrollados. Este Real Decreto regula el procedimiento para la valoración del grado de discapacidad y actualiza el RD del año 1999 y se adapta al modelo social de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.